Entre las novedades de la reforma judicial quedó oculta la
ley que regula declaraciones juradas de todos los funcionarios. Pide menos información
que la norma vigente y dificulta las sanciones contra los acusados
La Ley 25.188, sancionada en 1999, establecía los “deberes,
prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las
personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías”.
Para controlar su aplicación, la norma creaba una Comisión
Nacional de Ética Pública, que iba a ser un organismo con muchas facultades
para garantizar la transparencia de toda la administración nacional. Para
asegurar su independencia, debía estar integrada por 11 miembros provenientes
de la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo, la Procuración General y el Congreso.
Tan ambiciosa era la ley en términos de transparencia, que
determinaba que la comisión tuviera un equipo especial de peritos técnicos para
investigar a fondo las incompatibilidades, inconsistencias y delitos de los
funcionarios.
Pero la falta de voluntad política de los gobiernos de
Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner pudo más que la
ley, y la comisión nunca fue creada.
Aún así, hasta ahora el texto había quedado siempre
disponible para que un Gobierno con vocación de transparencia lo implemente.
Pero en el marco de la "democratización de la justicia" que está
implementando el gobierno, el Congreso está por aprobar la Ley de Carácter
Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los
Funcionarios Públicos, que reemplaza a la norma vigente.
AMPLIA LA INFORMACION EN EL SIGUIENTE ENLACE:
No hay comentarios:
Publicar un comentario