El organismo regulador consideró que hay una "presunta
existencia de un conflicto de intereses que obstaculiza "el normal
desenvolvimiento de las actividades del ente social" que constituye la
compañía petrolera
La Comisión Nacional de Valores (CNV), el ente regulador del
sector financiero que preside Alejandro Vanoli, resolvió iniciarle un sumario a
los directores de Repsol en YPF por "presunta existencia de un conflicto
de intereses por parte de los citados directores con relación a la Sociedad, y
su posible actitud obstaculizadora respecto del normal desenvolvimiento de las
actividades del ente social".
El documento de la CNV señala que "las presentes
actuaciones tuvieron inicio con motivo de la presentación efectuada con la
Sociedad con fecha 8 de octubre de 2013, suscripta por el señor Rodolfo Nicolás
P. Diana, en su carácter de apoderado de YPF S.A.".
A través de esta presentación, la petrolera estatizada
"formula denuncia contra los señores Luis García del Río y Carlos María
Tombeur, quienes ocupan actualmente los cargos de Directores Titulares en YPF
S.A. en virtud de su designación por el accionista Repsol S.A. a través de su
ejercicio de voto acumulativo, exponiendo en dicha denuncia la posible existencia
de un conflicto de intereses por parte de los citados directores con relación a
la Sociedad y su posible actitud obstaculizadora respecto del normal desenvolvimiento de las
actividades del ente social", según consigna la Resolución 17229 de la
CNV.
El pasado 5 de noviembre, el Comité de Auditoría de YPF
había considerado que los directores de Repsol en la compañía "incurren en
un conflicto de intereses" y acusó al grupo español de buscar "por
todos los medios obstaculizar cualquier tipo de asociación" de la
petrolera de mayoría estatal "con otras empresas", luego de que los
representantes de la empresa española en el directorio de la argentina
exigieran conocer los detalles del acuerdo rubricado con Chevron para
desarrollar el megacampo de Vaca Muerta. Tres días después la Sala D de la
Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal rechazó una demanda
para obtener copia del contrato.
Con estos antecedentes, la CNV resolvió instruir sumario a
los dos directores por posible infracción a los artículos 59 y 272 de la Ley de
Sociedades Comerciales 19.550, los que refieren al "obrar con lealtad y
con diligencia" de los representantes y administradores de una sociedad,
así como "abstenerse de intervenir" ante la existencia de "interés
contrario" a la misma. En ese marco, ambos directores fueron citados a
concurrir a una audiencia preliminar que se llevará a cabo el 12 de febrero
próximo.
La instrucción del sumario también contempla la posible
infracción al artículo 78, incisos c) y d) de la Ley de Mercado de Capitales
26.831, que refiere a "la obligación de ejercer sus facultades únicamente
para los fines para los que la ley, el estatuto, la asamblea o el directorio se
las hayan concedido" y la "obligación de velar escrupulosamente para
que su actuación nunca incurra en conflicto de intereses, directo o
indirecto".
Cabe recordar que además, la compañía española busca un
resarcimiento de €15 mil millones por la estatización del grueso de sus
acciones y además por la valuación del potencial de Vaca Muerta.
El Comité auditor señaló que la relación de los directores
involucrados y Repsol "ha evidenciado un interés contrario al de YPF S.A.
respecto de la celebración y ejecución de dicho Acuerdo, a través de la
promoción de diversas acciones judiciales".
Las acciones de Repsol en YPF (51%) fueron expropiadas por
Ley, con lo que la petrolera pasó a tener mayoría accionaria estatal, aunque
aún está pendiente un acuerdo de precio y pago por dichas acciones.
Los fundamentos de la CNV
La CNV aclaró que la investigación sumarial tiene por objeto
"precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba
tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades e
individualizar a los responsables y proponer sanciones".
En su denuncia, YPF expuso que "Repsol mantiene una
serie de acciones judiciales y arbitrales en Argentina, España y Estados Unidos
contra el Estado Nacional, terceros relacionados con YPF -entre ellos, Chevron-
y la propia YPF, con el único y exclusivo objeto de obstaculizar la gestión
empresarial de esta última".
A criterio de la compañía nacional la petrolera española
busca "entorpecer u obstruir la concertación de cualquier clase de acuerdo
comercial entre YPF y terceros para la explotación de recursos
hidrocarburíferas no convencionales".
En esa línea, el Comité de Auditoría entendió que la
posición de Repsol es contraria al acuerdo anunciado el 29 de agosto por el
presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, y el titular de Chevron para Africa y
Latinoamérica, Alí Moshiri, el que prevé la producción de hidrocarburos no
convencionales en la provincia de Neuquén con una inversión inicial de 1.240
millones de dólares.
Por esa razón, frente a la situación planteada, opinaron que
García del Río y María Tombeur se encontraban "incursos en una situación
de conflicto de interés en relación con aquellas cuestiones en que los
intereses del Grupo Repsol se encuentren en conflicto con los de YPF en
general".
En particular, destacaron el conflicto existente respecto de
la celebración y el acceso a la información asociada al Acuerdo entre YPF y sus
afiliadas y Chevron Corp. y sus afiliadas, aprobado por el Directorio de YPF
con fecha 16 de julio del corriente año.
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