El oficialismo del Congreso echará a rodar hoy la esperable reforma que precede en la Argentina a cada turno electoral. En la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se dará ingreso formal al proyecto que presentó hace unas horas el apoderado del PJ, Jorge Landau, que modifica el Código Nacional Electoral, la Ley de Transparencia de la Representación y la Orgánica de los Partidos Políticos. Una vez que los integrantes de esa comisión tomen conocimiento del contenido de ese largo proyecto se iniciará un debate que, como todas las materias electorales, es un camino de ida. Se sabe -como ocurre con las reformas constitucionales- cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. El sueño de la razón produce monstruos, diría Goya y Lucientes.
Esta reforma produce un buen número de correcciones a inconsistencias de la actual normativa y crea un nuevo fuero, el penal electoral y alivia el régimen de sanciones a los partidos por el manejo de fondos de campaña. Este punto es clave porque todos los partidos viven con los papeles flojos en materia de financimiento, un drama en todas las democracias del mundo. Todos los cambios sistémicos en los regímenes políticos de Occidente han salido de escándalo vinculados con el financiamiento de la política.
Por lo demás, se limita, en una lectura inocente todo un riesgo tratándose de un proyecto peronista de reforma electoral a recoger a experiencia de los últimos turnos electorales. Según los fundamentos de la iniciativa, se trata de resultado de "un trabajo artesanal para armonizar aportes de distintos actores del proceso electora", asume que "no ingresa en cuestiones estructurales", se lo defiende como que está presentado en u n año no electoral para que "su discusión no se enturbie con cálculos sobre ventajas electorales futuras".
Todo proyecto electoral exige, según la Constitución, el voto de una mayoría calificada. En Diputados son 129 para hacer quórum y al momento de votar. La oposición se valdrá de esta exigencia para avanzar en sus propuestas de cambio que hasta ahora han fracasado, como imponer otras formas de votación como la boleta única o, en las PASO, permitir que el ganador por una lista a Presidente pueda elegir al vice de la lista que perdió, una manera de asegurarse adhesiones futuras y frenar la migración hacia otras fuerzas.
El proyecto que se conocerá hoy ya giró en consulta informal por despachos judiciales, del Ejecutivo y recibió el peine fino de Legal y Técnica. Parece pacífico, pero encierra también, bajo ese ropaje, la declaración de otra guerra legislativa.
Habrá debate, seguramente, en torno a la principal novedad del proyecto, la creación del fuero penal-electoral. Si esta idea es aceptada por el Congreso, todos los incidentes ocurridos en torno al hecho comicial serán tratados, en el nivel de apelación, por la cámara Nacional Electoral y no por las cámaras penales locales, como ocurría hasta ahora.
Para dar un ejemplo, si un ciudadano es detenido por violar la veda electoral, será reprimido por las autoridades policiales y la justicia ordinaria y su apelación será considerada por la justicia electoral federal del distrito Pero las apelaciones serán tratadas por la Cámara Nacional Electoral a la que se da con este nuevo trabajo más margen de acción. Ese tribunal vive en disputa de competencias con otros fueros, y además con los juzgados electorales de primera instancia, que esconde una guerra de poder, equivalente a la que los jueces del fuero tienen con el poder Ejecutivo.
Con esta cesión de la facultad de atender la alzada se le reconoce a la CNE una ampliación de deberes, como lo hace el reconocimiento que hace el proyecto al concepto de "federalismo electoral", doctrina que ha desarrollado el camarista Alberto Dalla Vía y que el proyecto hace suyo.
Claro que este concepto va de la mano de otros fundamentos que se hunden en la polémica sobre los sistemas electorales. Para el redactor de la norma el legislador debe actuar en esta materia con "un diagnóstico previo y no de la imposición irracional de soluciones". Según el redactor Landau, "un diagnóstico de las fallas del sistema político argentino muestra que desde que se quebró la razón dialéctica del bipartidismo, entre los años 2001 y 2002, carecemos de partidos fuertes que le garanticen a los ciudadanos poder optar ordenadamente para facilitar la alternancia.".
Este concepto, viniendo de un peronista, encierra una autocrítica, porque todo el plexo normativo electoral de los últimos años desde la fantasiosa ley de lemas de la convocatoria del año 2000 salió del caletre de ese partido. Según los fundamentos del proyecto, "esta situación irregular se mantiene hasta el día de hoy, aunque ha mejorado sustancialmente especialmente desde 2009 con la aplicación de la Ley 26.571. No obstante, la existencia a la fecha de 562 partidos de distrito (a nivel nacional) para un electorado de 30.530.323 de electoreshabilitados a votar- es elocuente como para indicar que se mantiene aún el fuerte fraccionamiento de la voluntad popular. La falta de consecuencia entre el voto y la representación no sólo constituye la evidencia de la debilidad estructural del sistema de partidos sino que, extremando el análisis, ataca también la legitimidad del sistema de representación."
Este diagnóstico busca reformar el federalismo electoral contra el que actúan, entiende el texto presentado, los proyectos de la oposición al peronismo de introducir cambios en sistema de boletas: para Landau es"inoportuno introducir en este momento el necesario debate que en esta sociedad se debe tener respecto a la conveniencia de los distintos sistemas de emisión de voto que se utilizan en nuestro país. Tanto sea el del voto electrónico que se ha utilizado en Buenos Aires como el de boletas únicas por categoría que se utiliza en Santa Fe o el de boleta única que se utiliza en Córdoba y el de urna electrónica que se utiliza de Salta."
Según la doctrina electoral peronista un cuerpo de ideas tan móvil como su identidad partidaria, es decir que puede cambiar quienes buscan esos cambios persiguen que las elecciones de distrito se hagan en otras fechas que las nacionales, porque entienden que el efecto arrastre siempre beneficia al peronismo. Es lo que han buscado en Córdoba o Capital Federal, y observan que cuando le convino a Hermes Binner enganchar la elección de su provincia con la nacional, pidió una excepción por única vez.
En materia de multas por manejo viscoso de fondos, el nuevo sistema es más complaciente con el castigo de irregularidades a los partidos:
•Sanciones que eran del 100% de los aportes públicos a los partido, se reducen al 40% (Art. 34°, modifica el Art. 62° de la ley de financiamiento.
•Otra multa que equivalía al doble del aporte recibido no asignado a formación de cuadros, se reduce a la mitad. (Art. 37°, modifica el Art. 65° de la misma ley).
•Otra multa que era del 0,2% del aporte por día, durante dos meses, se reduce al 10% del total del aporte (Art. 38°, modifica el Art. 67° anterior).
•El total de las sanciones a un partido nunca podrán exceder el 60% de los aportes públicos anuales (Art. 40°, modifica el 69° bis anterior. Nadie se queda en cero fondos. Una ampliación de derechos, diría Cristina de Kirchner.
A lo largo de 43 artículos, el proyecto que se conocerá hoy en la comisión que maneja Diana Conti en Diputados, trae otras novedades, quizás de detalle:
•Crea la figura de los apoderados locales, designados por el partido de distrito para supervisar el voto en secciones, comunas, etc.
•Crea la llamada "boleta de contingencia", que deberá ser provista por el partido para suplir el faltante en las mesas. Esto se hacía de facto pero sin rango legal. El partido hasta ahora provee la boleta testigo y las que van en la urna para comenzar la votación. Ahora deberán proveer todas las que se necesite ante contingencia. El art. 66, Inc 5 del proyecto dice que "La falta de boletas en ningún caso producirá la suspensión del comicio".
•Crea la figura de "delegado de la Justicia Nacional Electoral", que enviarán los juzgados a locales de votación. Hoy son empleados de los juzgados, pero si se aprueba la norma recibirán un viático como el de las autoridades de mesa.
•Se le da rango de ley a la Escuela de Capacitación y Educación Electoral, repartición que ya existe en la Cámara Nacional Electoral. Prepara a las autoridades de mesa a partir de la experiencia de que los ciudadanos que ejercen esa función son niños de pecho frente a la astucia de los fiscales partidarios y pueden ser víctimas de sus perrerías.
•Se adelanta la hora de constitución de las mesas de 7:45 a 7:30. Recoge la experiencia de la provincia de Bs. As. en donde desde hace dos elecciones el personal militar va a las escuelas a dormir la noche antes de la elección y deja todo preparado antes de irse a la cama. Eso asegura que se pueda votar desde las 8 en punto.
•Autoriza a los partidos de distrito a abrir cuentas para el manejo de los fondos. Hoy los partidos deben abrirlas en el Banco Nación y se manejan desde la cúpula. El resto se maneja todo en efectivo, y eso se termina.
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