Los legisladores mendocinos que integran la Comisión Especial de Seguimiento del río Atuel ya hablan de ‘desechar‘ el convenio firmado con La Pampa. Esta semana podría tratar el proyecto de ley -que ahora ya ingresó a la Legislatura mendocina- y esperan rechazarlo en un rápido trámite en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
El término ‘desechar‘ evoca el desprecio con que pretenden abordar el tratamiento del convenio firmado entre los gobernadores Celso Jaque y Oscar Jorge, con el impulso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 7 de agosto de 2008.
A pesar de la firma del convenio, el acuerdo nunca fue ratificado a nivel legislativo. Primero tuvo la resistencia del Departamento General de Irrigación de Mendoza -un organismo paragubernamental dominado por los poderosos bodegueros mendocinos en la gestión de Eduardo Frigerio, quien se fue del cargo envuelto en escándalos de corrupción por los permisos otorgados. Frigerio enfrentaba un juicio político.
Pero es tal el poder de los bodegueros -además de otros regantes- en el Departamento General de Irrigación que el convenio con La Pampa fue cajoneado. Mientras la Cámara de Diputados aprobó el convenio, la Legislatura mendocino ni siquiera lo trató. Esto dejo mal parado al Estado mendocino: uno de los frentes, es el juicio que iniciaron dos abogados pampeanos Andrés Gil Domínguez y Miguel Palazzani, una demanda por daños que avanza en la Corte Suprema de Justicia.
Ahora el gobernador Francisco ‘Paco‘ Pérez -kirchnerista- mandó el convenio con La Pampa a la Legislatura. Pero ya está el acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria de rechazarlo.
‘El gobernador ha cumplido con el compromiso que asumió en diciembre y el camino para darle tratamiento está allanado‘, confirmó el senador Guillermo Amstutz, presidente de la comisión especial del Atuel.
Allanados los pasos formales exigidos por el radicalismo, la intención es que este martes tome estado parlamentario y lo deriven a la comisión para que emita un despacho.
La semana siguiente podrán ingresarlo al recinto para que sea votado por el cuerpo. ‘La segunda opción en carpeta es que esa mañana los presidentes de bloques decidan en labor parlamentaria agilizar el trámite y votarlo en esa misma sesión‘, dijo el periodista Gonzalo Villaoro en su crónica en el diario Uno San Rafael.
‘Para que no queden dudas sobre los posicionamientos, el proyecto de ley ya está redactado y las fuerzas políticas con representación parlamentaria (PJ, UCR, PD, PRO, Partido Federal, Nuevo Encuentro y Unidad Popular) y que forman parte de la comisión especial avalan con la firma ‘desechar‘ el conflictivo acuerdo‘, dice esa crónica.
‘Hay unanimidad‘ en los criterios y la voluntad de ‘desechar el convenio‘, insistió el senador Amstutz, de Unidad Popular y un exkirchnerista. La determinación de dar un corte definitivo surgió durante una reunión en la Cámara de Comercio de Alvear a la que asistieron diputados y senadores oficialistas y opositores.
Más allá de los dardos políticos que se lanzaron en ese momento, la decisión de apretar el acelerador tiene un trasfondo netamente jurídico. Mendoza no puede seguir dando vueltas con el tema porque el convenio es parte importante en la demanda contra la Provincia que presentó La Pampa y el viernes comenzó a correr el plazo legal para contestar el requerimiento del máximo tribunal del país: 60 días hábiles.
La nota además revela los argumentos que maneja la clase política de Mendoza. ‘En el proyecto de rechazo hay un extenso listado de objeciones para fundamentar la posición de Mendoza que menciona además los dictámenes negativos en lo técnico y jurídico que emitieron anteriormente Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación‘, explica.
Finalmente dice: ‘Queda expresamente establecido que el convenio tuvo un ’loable propósito de encontrar un marco de vinculación entre las provincias’. Sin embargo chocó contra una realidad inapelable: la escasez de agua y la sentencia del 3 de diciembre de 1987 de la Suprema Corte, que sólo acepta el uso consuntivo y actual de Mendoza de las aguas del Atuel, sin ningún uso reconocido a ese momento para La Pampa‘.
Es decir desconoce que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1987 declaró la ‘interprovincialidad‘ del río Atuel.
El proyecto del rechazo apunta a que hay un ‘error clave‘, en referencia al inciso 10 k del convenio que garantiza un escurrimiento permanente hacia La Pampa. Los legisladores señalan que ese caudal ‘no lo hace depender de los volúmenes reales de agua del río, de las épocas reales de riego de ni tampoco de las condiciones climáticas del entorno y del contexto ambiental general‘.
Además el proyecto invoca un ‘derecho consuetudinario‘ en el fallo que establece la irrigación con el río Atuel de hasta 75.561 hectáreas. ‘En el último año se regaron menos de 50.000 hectáreas‘, dicen los legisladores mendocinos.
‘Es lo que pedíamos‘
El diario Uno San Rafel cita al presidente de la Cámara de Comercio alvearense, Ariel Romero, quien aseguró que ‘es lo que pedíamos y ahora con la demanda era aún más necesario, el rechazo es importante para la estrategia de defensa de los intereses de Mendoza‘.
‘Pueda ser que hagan lo que debería haber ocurrido hace tiempo. Igualmente no hay que cerrar las posibilidades de diálogo con La Pampa, la alternativa está y es el trasvase del río Grande al Atuel. Pero mientras tanto, con lo que hay en el Atuel es imposible cumplir un convenio de esa índole‘, sostuvo Carlos Achetoni, director de Federación Agraria Argentina.
Ahora el gobernador Francisco ‘Paco‘ Pérez -kirchnerista- mandó el convenio con La Pampa a la Legislatura. Pero ya está el acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria de rechazarlo.
‘El gobernador ha cumplido con el compromiso que asumió en diciembre y el camino para darle tratamiento está allanado‘, confirmó el senador Guillermo Amstutz, presidente de la comisión especial del Atuel.
Allanados los pasos formales exigidos por el radicalismo, la intención es que este martes tome estado parlamentario y lo deriven a la comisión para que emita un despacho.
La semana siguiente podrán ingresarlo al recinto para que sea votado por el cuerpo. ‘La segunda opción en carpeta es que esa mañana los presidentes de bloques decidan en labor parlamentaria agilizar el trámite y votarlo en esa misma sesión‘, dijo el periodista Gonzalo Villaoro en su crónica en el diario Uno San Rafael.
‘Para que no queden dudas sobre los posicionamientos, el proyecto de ley ya está redactado y las fuerzas políticas con representación parlamentaria (PJ, UCR, PD, PRO, Partido Federal, Nuevo Encuentro y Unidad Popular) y que forman parte de la comisión especial avalan con la firma ‘desechar‘ el conflictivo acuerdo‘, dice esa crónica.
‘Hay unanimidad‘ en los criterios y la voluntad de ‘desechar el convenio‘, insistió el senador Amstutz, de Unidad Popular y un exkirchnerista. La determinación de dar un corte definitivo surgió durante una reunión en la Cámara de Comercio de Alvear a la que asistieron diputados y senadores oficialistas y opositores.
Más allá de los dardos políticos que se lanzaron en ese momento, la decisión de apretar el acelerador tiene un trasfondo netamente jurídico. Mendoza no puede seguir dando vueltas con el tema porque el convenio es parte importante en la demanda contra la Provincia que presentó La Pampa y el viernes comenzó a correr el plazo legal para contestar el requerimiento del máximo tribunal del país: 60 días hábiles.
La nota además revela los argumentos que maneja la clase política de Mendoza. ‘En el proyecto de rechazo hay un extenso listado de objeciones para fundamentar la posición de Mendoza que menciona además los dictámenes negativos en lo técnico y jurídico que emitieron anteriormente Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación‘, explica.
Finalmente dice: ‘Queda expresamente establecido que el convenio tuvo un ’loable propósito de encontrar un marco de vinculación entre las provincias’. Sin embargo chocó contra una realidad inapelable: la escasez de agua y la sentencia del 3 de diciembre de 1987 de la Suprema Corte, que sólo acepta el uso consuntivo y actual de Mendoza de las aguas del Atuel, sin ningún uso reconocido a ese momento para La Pampa‘.
Es decir desconoce que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1987 declaró la ‘interprovincialidad‘ del río Atuel.
El proyecto del rechazo apunta a que hay un ‘error clave‘, en referencia al inciso 10 k del convenio que garantiza un escurrimiento permanente hacia La Pampa. Los legisladores señalan que ese caudal ‘no lo hace depender de los volúmenes reales de agua del río, de las épocas reales de riego de ni tampoco de las condiciones climáticas del entorno y del contexto ambiental general‘.
Además el proyecto invoca un ‘derecho consuetudinario‘ en el fallo que establece la irrigación con el río Atuel de hasta 75.561 hectáreas. ‘En el último año se regaron menos de 50.000 hectáreas‘, dicen los legisladores mendocinos.
‘Es lo que pedíamos‘
El diario Uno San Rafel cita al presidente de la Cámara de Comercio alvearense, Ariel Romero, quien aseguró que ‘es lo que pedíamos y ahora con la demanda era aún más necesario, el rechazo es importante para la estrategia de defensa de los intereses de Mendoza‘.
‘Pueda ser que hagan lo que debería haber ocurrido hace tiempo. Igualmente no hay que cerrar las posibilidades de diálogo con La Pampa, la alternativa está y es el trasvase del río Grande al Atuel. Pero mientras tanto, con lo que hay en el Atuel es imposible cumplir un convenio de esa índole‘, sostuvo Carlos Achetoni, director de Federación Agraria Argentina.
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