Pagos en especie, reformulación de contratos, procedimientos para regular facturaciones y cobros, normas poco claras de contrataciones, diferencias en montos millonarios. El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) relacionado al Fútbol Para Todos, que todavía no fue aprobado pero que ya fue enviado por el organismo a la Justicia puede traerle más de un dolor de cabeza a los funcionarios y dirigentes del fútbol investigados por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
Infobae accedió al borrador de 60 carillas que la jueza deberá escudriñar, con durísimos cuestionamientos al FPT. En su génesis, el contrato entre la Jefatura de Gabinete y la Asociación del Fútbol Argentino, celebrado el 20 de agosto del 2009, fue destinado a la televisación abierta y gratuita de todos los partidos de los torneos de fútbol de primera división organizados por la AFA, con una vigencia contractual de cesión por 10 años. Sin embargo, luego de una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de un informe del programa La Cornisa, de América TV, la Justicia puso la lupa en supuestos manejos irregulares en los millones destinados al fútbol. El informe, que hasta ahora se trata de un borrador "sujeto a discusión", fue enviado por la AGN comandada por Leandro Despouy a Servini de Cubría, que lo había solicitado a principios de mes. Los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, el actual, Aníbal Fernández, y la dirigencia del fútbol quedó en la mira judicial.
Según dicha auditoría, los fondos devengados al FPT desde el inicio, en agosto del 2009, hasta el cierre del ejercicio 2012 totalizaron 2.967.556.300,12 pesos, según la ejecución presupuestaria. El programa Fútbol Para Todos, en tanto, dispone de 63 personas contratadas, y no posee Servicio Administrativo Financiero propio: "Por tal motivo la administración de los fondos y recursos se originan en partidas presupuestarias gestionadas por la Jefatura de Gabinete".
El primer cuestionamiento de la AGN se debe a que el contrato "mediante el cual la Jefatura de Gabinete de Ministros adquirió los derechos de explotación de las imágenes y/o sonidos de los encuentros de los torneos de fútbol realizados por AFA no fue tramitado conforme las prescripciones del 'Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional'".
Uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno y la AFA en la suscripción del acuerdo fue el fortalecimiento de los clubes –asociaciones civiles sin fines de lucro-, unos 4.200 aproximadamente, con alternativas para mejorar sus ingresos. Sin embargo, según el informe "no obran en las actuaciones donde tramitó la formalización del contrato ni antes de la firma ni después aquellos documentos técnicos demostrativos de la invocada crisis de los clubes ni de la verosimilitud de las millonarias sumas adeudadas por estos denunciadas por AFA".
De hecho, el borrador transcribe una circular de AFA del 11 de julio del 2012 en la que la asociación reconoce que los clubes generaron "mayor endeudamiento" en sus cuentas y "promesas contractuales en muchos casos impagables". "La situación expuesta en esta nota –concluye la Auditoría- pone en evidencia que el saneamiento financiero de los clubes, que es uno de los objetivos principales del contrato celebrado con AFA, no se cumplió, sino que por el contrario la situación empeoró a partir de un mayor endeudamiento de los mismos".
Una de las claves se centra en la ejecución presupuestaria del programa, a partir de una diferencia de 178.935.292 pesos verificada entre el total devengado -2.967.556.300 pesos- y la suma de las órdenes de pago -2.788.621.008 pesos-: "Se comprobaron debilidades y desvíos".
Entre los puntos cuestionados se revela el de los pagos a prestadores de servicios mediante la modalidad de legítimo abono, un artilugio excepcional que permite contratar en forma directa sin previa licitación. "Se detectó la emisión de numerosas órdenes de pago sin el respaldo de la Orden de Compra correspondiente, que tramitaron a través del procedimiento de legítimo abono, por un total de 188.913.638 que se abonaron a los beneficiarios indicados", detalla.
"En ningún expediente de pago por legítimo abono obran antecedentes o referencias a constancias objetivas que validen la razonabilidad o correspondencia del precio pagado con los valores de plaza del servicio, extremo que solo cuenta con la manifestación del funcionario responsable de que esto es así. Este déficit unido a la circunstancia que los precios de los servicios técnicos contratados no son de conocimiento corriente, impide que las respectivas instancias de control puedan verificar que los precios pagados sean los correctos", agrega. Y finaliza: "Al margen de lo irregular del procedimiento reiterado de pagos por legítimo abono, el mismo también genera un dispendio administrativo innecesario al obligar a tramitar un dictamen jurídico y una Decisión Administrativa por cada pago, circunstancia que no se verifica cuando existe una orden de compra emitida en un proceso de contratación regular".
Además se cuestiona la facturación del flujo de fondos. "Los pagos realizados a AFA desde el inicio de la relación contractual hasta el mes de abril del 2012 se realizaron sin la correspondiente emisión de factura por parte de esta Asociación. Recién con los pagos realizados a partir de mayo del 2012 AFA procede a entregar facturas", subraya el borrador.
El otro de los cuestionamientos más duros del informe se concentra en los ingresos del Fútbol Para Todos, en particular en el contrato celebrado con la empresa IVECO Argentina S.A., sponsor exclusivo de los torneos de la primera división del fútbol argentino. Según el informe, hay millonarios ingresos que no fueron ni siquiera facturados, o facturas pagadas fuera de término.
En el caso de IVECO, el Estado concretó tres acuerdos con la empresa. El primero por el sponsoreo de los torneos del 2010, pautado por el Gobierno y la firma en 7.000.000 de pesos a cobrar mediante la "entrega de productos nuevos (0km) fabricados por la empresa (camiones o furgones) a elección de la JGM de acuerdo al listado de precios y productos emitido por la empresa". El segundo por el sponsor del Torneo Néstor Kirchner Clausura 2011 Copa Malvinas Argentinas y el Torneo Néstor Kirchner Apertura 2011/12 Copa Malvinas Argentinas. Firmado entre la Jefatura de Gabinete, IVECO y la AFA por un total de 9.000.000 de pesos, la forma de pago se pautó, según el relevamiento, en dos transferencias bancarias o cheques de pago diferido por 4.000.000 de pesos, y mediante la entrega de productos nuevos por un total de 5.000.000 de pesos.
El tercer contrato entre el Estado, la empresa fabricante de camiones y la AFA por el sponsoreo del torneo clausura 2011/2012 se cerró por un valor inferior al anterior: 6.000.000 de pesos en concepto de entrega de productos.
Las conclusiones del informe preliminar respecto a este punto son lapidarias. No solo porque los contratos de publicidad no se enmarcaron en el régimen de contrataciones de la administración pública, sino porque "la relación contractual con IVECO durante el periodo auditado fue evolucionando en demérito de los intereses económicos del Estado, sin que el organismo haya realizado acciones para revertir este desfasaje económico manteniendo, por lo menos, el equilibrio en los valores".
El documento revela además que no existen razones para saber por qué se contrató a dicha empresa en forma directa y no a otro auspiciante, y por qué el Estado aceptó recibir pagos en especie, "cuando el procedimiento normal es el pago en dinero". "No está acreditada la necesidad previa de adquirir los vehículos comprometidos por IVECO, los sectores requirentes y el uso a dar a los mismos", detalla la AGN.
El organismo, de hecho, compara los fondos que el programa debería haber recibido en el 2010 de acuerdo al tarifario vigente de ese año para la venta de tiempo de publicidad a terceros: 28.880.000 de pesos. Una cifra muy superior a lo percibido por la relación contractual entre el Gobierno y el sponsor exclusivo de los torneos de primera división.
A raíz del relevamiento, el organismo liderado por Despouy recomienda entre otras cosas la reformulación de los términos del contrato que une al Estado con la AFA; regularizar el sistema de compras y contrataciones para el FPT ciñéndose a las normas establecidas por el régimen de contrataciones de la administración pública; implementar procedimientos escritos y detallados que regulen el circuito de facturación, pago y acreditación de los fondos que pueda generar el programa; no celebrar acuerdos de pago en especie, y recomponer el equilibrio económico en la relación contractual con IVECO Argentina.
El año pasado la jueza allanó más de veinte sedes de clubes en la búsqueda de documentación. Además del informe, que se suma a la causa caratulada "Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y Asociación del Fútbol Argentino s/defraudación contra la administración pública", la Auditoría se comprometió con la magistrada a enviar una persona que ayude a los peritos a examinar la información recolectada.
