El estado de las rutas y la calidad de los servicios aéreos,
portuarios y eléctricos sufrieron un sostenido retroceso en los últimos cuatro
años. Sólo sobresalen las líneas telefónicas. El impacto en las inversiones
El último informe de CMIC (Construcción de un México
Sustentable con Infraestructura de Clase Mundial) sobre el análisis de 144
países ubicó a la Argentina en la posición 86, por encima de Colombia (93),
Venezuela (120) y Paraguay (123), y debajo de Brasil (70), México (68) y Chile
(45).
En el caso regional, el país ha dejado de manifiesto la
incapacidad de poder sostener una posición en la mitad de la tabla, con un
lugar inferior al de Brasil. Desde 2006 retrocedió 14 peldaños, mientras que el
mayor socio del Mercosur avanzó uno.
Después de los efectos de la crisis de 2009, que llevó a la
peor calificación en la última década, la Argentina insinuó una recuperación el
año siguiente. Pero no lo pudo sostener a partir de 2011, denunciando uno de
los efectos negativo del claro debilitamiento de las finanzas públicas para
apuntalar un programa de modernización de la infraestructura del país.
El índice de CMIC se nutre de los datos del Reporte de
Competitividad del Foro Económico Mundial que se elabora desde hace más de 30
años, y examina los factores que permiten a una nación alcanzar los niveles de
crecimiento y prosperidad a largo plazo. Se trata de una herramienta que
utilizan los empresarios e inversionistas interesados en identificar las
fortalezas y debilidades de un país para tomar la mejor decisión en cuanto a
dónde establecer un negocio o invertir.
Sólo en materia de comunicaciones telefónicas la Argentina
ha logrado mantener una posición de liderazgo en la región, ya que con la
ubicación 50 sólo fue superado por Costa Rica (38), Uruguay (44)) y Venezuela
(49), mientras que Brasil ocupa el puesto 55 y Chile el 68.
De este modo el país no sólo pierde oportunidades para
generar más negocios de exportación de productos manufacturados y contribuir a
fortalecer la posición de divisas del Banco Central, sino también desalienta
los proyectos de inversión de envergadura y la generación de empleos.
Los economistas que asesoran al Gobierno están convencidos
de que fomentando el consumo con una agresiva política salarial, subsidios a
las familias y cepo cambiario, y relegar el incentivo a la inversión productiva
y a las exportaciones, se puede afianzar un modelo de inclusión social, con
mejor distribución del ingreso y creación de empleos.
Sin embargo, desde el anuncio a fines de octubre de 2011 de
medidas restrictivas a la demanda de divisas -no sólo para el turismo y el
ahorro, sino para operaciones inmobiliarias, la importación de insumos y de
máquinas que no se producen localmente, y también para girar dividendos a los
accionistas del resto del mundo de compañías extranjeras radicadas en el país-
se ha generado el efectos inverso y agudizado el deterioro de la
infraestructura a cargo del Estado, sea directamente, sea indirectamente a través
de la regulación política de los precios y tarifas.
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