La presidente de Brasil ya tomó contacto con los directivos
de la empresa ferroviaria, cuyas concesiones de dos ramales de carga fueron
canceladas el día de ayer. La compañía minimizó el rol de la Argentina en su
rentabilidad
Según fuentes de la compañía brasileña América Latina
Logística (ALL), que hasta el día de ayer operaba dos ramales de carga -uno de
Posadas a Brasi, y otro de Buenos Aires a Mendoza- con más de 7000 kilómetros
de vía, la presidenta Dilma Rouseff ya está al tanto de la situación y tomó
contacto con los dueños de la empresa, cuyas concesiones fueron canceladas en
el día de ayer por el ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo.
En un comunicado dirigido a la Bolsa de Comercio de San
Pablo tras el anuncio de reestatización, el presidente de ALL Rodrigo de Moura
Camps informó que el grupo se había enterado de la medida tomada por el
gobierno nacional "por las versiones periodísticas" y que no había
recibido ninguna información oficial acerca de la decisión de cancelar las
concesiones otorgadas en 1999.
En la misma nota, el titular de ALL deja en claro que su
empresa mantiene "derechos económicos" sobre sus filiales en nuestro
país, y que se tomarán "las medidas legales que correspondan" una vez
que el Estado argentino le comunique la anulación por vías oficiales.
"En vista del actual escenario político y económico de
la Argentina, la compañía venía buscando potenciales inversores interesados en
adquirir una participación en las concesiones de ALL Argentina", explicó
en la nota Moura Camps, quien no se privó de dejar en claro que ya no era
rentable la operación de las dos líneas de cargas para el grupo.
"A ALL Argentina se tornó poco representativa a lo
largo de los años en los resultados consolidados de la compañía”, enfatizó en
el comunicado, que puntualiza que el año pasado "los resultados de ambas
concesiones correspondieron a 6,5% del ingreso líquido” de la empresa.
Durante la conferencia de prensa brindada por Randazzo ayer
en la Casa Rosada, el jefe de la cartera de Transporte denunció "graves
irregularidades" por parte de ALL que fueron detectadas
tras una auditoria iniciada en noviembre, entre ellas
incumplimiento de inversiones y del pago del canon por más de seis meses y
abadono de ramales.
Randazzo no hizo referencia ayer a una futura compensación a
las empresas a las que se les revirtió las concesiones y señaló que esta
decisión no tendrá costo alguno para las arcas públicas, ya que los contratos
contemplan "claúsulas muy claras" sobre los casos de cancelaciones
por incumplimiento.
"Si quieren reclamar que vayan a la vía judicial",
afirmó Randazzo, quien subrayó que tanto ALL como el grupo Soldati -al que se
le quitó el control del Tren de la Costa- "no cumplieron con los objetivos
propuestos" y que por lo tanto era lógico que se tengan que ir.
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