La norma sería inconstitucional en la mayoría de los puntos
de conflicto. Hay diferencias entre sus miembros en cuanto a si habrá sentencia
puramente técnica o con tono político.
La Corte Suprema analiza resolver la cuestión de fondo de la
Ley de Medios en los días previos a las elecciones primarias, que se celebrarán
el domingo 11 de agosto. En el Máximo Tribunal evaluan un fallo que sería
favorable al Grupo Clarín en la mayoría de los puntos. La decisión de los
ministros llega en medio de la campaña electoral y en un año en el que se juega
quién gobernará el Congreso en los últimos dos años de mandato presidencial de
Cristina Fernández de Kirchner.
La resolución de la Corte se daría a conocer en la semana
previa a las internas abiertas y obligatorias, entre el 6 y el 9 de agosto, confiaron a PERFIL fuentes del
tribunal. La ley fue aprobada en 2009 por el Congreso Nacional, pero sólo
después del fallo de la Corte, que debe decidir sobre las apelaciones del
Gobierno y de Clarín ante el fallo de la Cámara, se sabrá su destino.
Los ministros declararían la inconstitucionalidad de algunos
de los artículos de la ley, en consonancia con lo resuelto por la Cámara Civil
y Comercial. Ese tribunal resolvió la inconstitucionalidad de parte de los
artículos 45, que establece los límites a las licencias, y del artículo 48, que
impide alegar “derechos adquiridos” en materia de licencias de comunicación
audiovisual. La Cámara, en cambio, determinó la constitucionalidad de los
artículos 41 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ver
explicación en la página 15).
La Corte fallaría a favor de Clarín, al permitirle al
multimedios conservar sus inversiones en televisión por cable, su negocio más
redituable. Sin embargo, la duda persiste en torno a si podrá conservar la
totalidad de sus inversiones en cable o si deberá desprenderse de una parte,
como guiño al Ejecutivo.
El fundamento de los cortesanos para avalar que Clarín
conserve el negocio en disputa sería que el cable no entra en la categoría de
“recursos limitados” –como el espectro radioeléctrico–, sino que su uso es
ilimitado. Eso le permitiría a Clarín conservar sus inversiones en ese sector
de las comunicaciones audiovisuales, al menos en su mayoría. El Gobierno exige
que desinvierta en esa área.
La ley sería aplicable a los otros servicios de comunicación
audiovisual que fueron adjudicados por licencia y que se sirven del espectro
radioeléctrico. Estos servicios, como radio y televisión, afectan recursos
limitados que pertenecen a la comunidad y están sujetos a las legislaciones
nacionales. Por eso, para la Corte, la desinversión de Clarín debería pasar por
sus canales de televisión y sus radios.
Para la mayoría de los ministros, la ley resultaría
“abstracta” en relación a la impronta tecnológica.
La Procuradora General de la Nación, elegida por la
Presidenta, elevó a la Corte su dictamen sobre la Ley, en el que sostiene que
la norma es constitucional. Su documento, sin embargo, no es vinculante para
los cortesanos, es decir, que no marca las pautas del fallo final. Gils Carbó
pidió revocar el fallo de la Cámara Civil y Comercial, que benefició al
multimedios.
Debate político. La Corte se encuentra dividida entre
quienes se inclinan por introducir en la resolución final el debate sobre la
“libertad de expresión” y aquellos que prefieren obviarlo, para evitar un
desafío aún más hondo al Gobierno. La libertad de expresión es una discusión
política. Si la Corte incluye en su fallo que la ley viola el derecho
constitucional de expresarse libremente –es lo que reclama Clarín– será una
derrota política del Gobierno. El sector de los ministros que impulsa esta
posibilidad está encabezado por Carlos Fayt.
Sin embargo, para el ala más conciliadora del cuerpo, la
contienda debe limitase a una cuestión de mercado, de propiedad privada y de
defensa de la competencia.
Cuestiones técnicas. Nada de política. Para no enfrentar de
lleno al Gobierno, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco buscan evitar
que esa consigna sea incluida. Se inclinan por algo más técnico para no
aumentar el pulso de la interna con el
Gobierno.
Los ministros ya frenaron la ley más polémica de la reforma
judicial, cuando declararon inconstitucional la norma que modificaba la
composición del Consejo de la Magistratura –que elige y controla a los jueces–
y la elección popular de sus miembros.
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