La medida fue ordenada por la Justicia. Los padres aseguran
que hubo un "vaciamiento" y que fueron "estafados". Los
docentes se reunieron con las autoridades de la Ciudad. Un legislador acusó al
gobierno porteño de "no asumir la responsabilidad"
El juez de instrucción Nº 1 Hernán López dispuso dos medidas
clave en la causa en la que se investiga una presunta estafa a los padres del
colegio Guido Spano, que intempestivamente cerró sus puertas ayer, luego de
haber cobrado la matrícula a los alumnos.
En primer lugar, ordenó el allanamiento a la sede que
durante 92 años ocupó el colegio. La medida se llevó a cabo sobre las 17:10
horas, cuando cinco efectivos de la División Defraudaciones y Estafas de la
Policía Federal ingresaron al lugar, con el fin de buscar documentación que
aporte pruebas al expediente. Según contó uno de los padres, en el lugar está
la ex directora para colaborar con la clasificación de los papeles.
A la par, mandó a allanar la casa del propietario del
colegio, Mauricio Carlos Gastón Sánchez, le prohibió salir del país y lo
embargó por 1,5 millones de pesos. Los padres de los alumnos lo acusan de
"vaciar" el colegio para, aparentemente, encarar un proyecto
inmobiliario.
Buscando llevar tranquilidad a la comunidad educativa de la
escuela, la rectora de la Dirección General de Educación de Gestión Privada del
gobierno porteño, Beatriz Jáuregui, quien estuvo presente en el allanamiento en
el colegio, se reunió con los docentes, no docentes y directivos , y con
representantes gremiales, para tratar la situación administrativa y legal del
personal y de los alumnos.
Según el gremio SADOP, "el gobierno porteño se
comprometió a recuperar la documentación y a buscar vacantes para los
chicos".
Los docentes que concurrieron a la reunión cuestionaron que
el gobierno porteño subsidie sociedades anónimas como éstas y protestaron
porque los controles no llegaron a verificar los manejos comerciales que se
estaban realizando entre dos sociedades anónimas.
Jáuregui negó que no se hayan hecho los controles al colegio
y que "nada hacía pensar que esto iba a suceder". "La fiscalía
determinará si hubo comisión de delito y las sanciones correrán por cuenta de
la Justicia", concluyó.
El legislador porteño Jorge Quito Aragón salió al cruce de
esas declaraciones. "El Estado porteño no se responsabiliza por la situación
de los colegios", sostuvo.
El legislador criticó las "dificultades relativas con
los salarios docentes que se suceden año a año", el "reciente
escándalo por las inscripciones online", y las tomas de los colegios
secundarios a causa de los recortes de presupuestos, las viandas de alimentación
y el cierre de cursos.
Y recordó que "esta gestión intentó implantar cámaras
de vigilancia en las escuelas, denunciar la participación política de los
alumnos, someter a evaluación unilateral a los docentes o modificar los planes
de estudios de las instituciones técnicas, por citar algunos de ellos".
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