Este lunes es la fecha límite para que los abogados que
representan al país pidan al tribunal que revise el fallo del juez Thomas
Griesa que benefició a los tenedores de bonos que no entraron en el canje.
El gobierno argentino, a través del abogado Paul Clement,
presentará este lunes ante la Corte Suprema de Estados Unidos la apelación
correspondiente a la causa en la que enfrenta a los holdouts.
Los bonistas que ingresaron al canje que integran el
Exchange Bondholder Group, que lidera Gramercy, y otros fondos como Fintech,
podrían realizar una movida en el mismo sentido y apelar ante el máximo
tribunal, debido a que en este caso el fallo de Thomas Griesa los afecta directamente
como inversores.
La presentación judicial se realizará en el mismo día que
vence el plazo y fue confirmada por fuentes allegadas a la Unidad de
Reestructuración de Deuda, liderada por el ex ministro de Economía, Hernán
Lorenzino.
El fallo del juez Thomas Griesa fue dividido en dos por la
Corte de Apelaciones de Nueva York. El tribunal de instancia el pasado 23 de
agosto avaló el pronunciamiento del juez Griesa, aunque dejó en suspenso la
instrumentación hasta que la Corte Suprema se pronuncie en torno a ellos.
Técnicamente, Argentina apelará el segundo fallo de la
Cámara de Apelaciones, que aprobó el método de pago propuesto por Griesa. Así,
el país buscará que el máximo tribunal estadounidense tome la causa y rechace
tener que pagarle primero a los holdouts que no ingresaron al canje u$s1330
millones (actualizables según corran intereses), con fondos destinados por
Argentina al pago a los bonistas que ingresaron al proceso de reestructuración
de 2005 y 2010.
El primer fallo ya fue rechazado para su tratamiento por la
Corte Suprema, con lo que la estrategia oficial se centrará en intentar
demostrar al máximo tribunal la falta de equidad que existiría en el pago a los
holdouts y fondos buitre (que reúnen el 7% que quedó en default), respecto de
los bonistas del canje.
A esto se suma la decisión del Poder Ejecutivo de reabrir el
canje, que ya está aprobado por el Congreso de la Nación y podría implementarse
en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas
condiciones que el resto.
El gobierno argentino sumó en noviembre pasado al abogado
Paul Clement, ex procurador general de Estados Unidos durante el gobierno de
George W. Bush y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, quien liderará
el proceso con la asistencia del estudio Cleary Gottlieb, que históricamente
defendió a la Argentina en esta causa.
Clement conoce cómo se mueve la Corte Suprema. Acumula en su
carrera el récord de haber participado en 41 litigios en la instancia del
máximo tribunal de Estados Unidos (16 en los últimos dos años). En 2005, fue
nominado por el ex presidente George W. Bush para el cargo de Procurador
General, en reemplazo de Theodore Olson.
Olson, casualmente, fue el abogado que representó a los
fondos buitre en la audiencia celebrada en febrero de 2013 contra el país en la
Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.
Más allá de la estrategia que planea llevar adelante el
gobierno argentino, los especialistas que siguen de cerca el denominado
"juicio del siglo" coinciden en que será muy difícil revertir el
fallo del juez Griesa, ya que hasta el momento primó un criterio cerrado y
"legalista" desde el punto de vista de las tenencias en default de
los acreedores.
Sin embargo, existen interrogantes sobre cómo está redactado
el fallo en el método de pago previsto para los holdouts, en especial en lo que
respecta a si viola la Ley de Inmunidad Soberana y la Ley de Propiedad Privada
para los inversores en EEUU.
El gobierno de los Estados Unidos tuvo participaciones de
"amicus" a favor del país en instancias anteriores en 2012,
considerando que se violó la Ley de Inmunidad soberana y que afectaba las
relaciones internacionales de ese país.
Durante los últimos meses, ante la posibilidad de que Argentina
pueda ingresar nuevamente en default
técnico, el fondo Gramercy, contrató un asesor legal y otro financiero,
LinKlater y Deutsche, respectivamente, con el objetivo de llevar adelante un
canje entre privados. La idea es negociar directo con fondos buitre para
comprarles sus tenencias a un valor menor al 100%, pero mayor al que el
gobierno argentino ofrecería en el Canje III. Hace poco, Paul Singer, el dueño
del fondo Elliott, consideró a esa oferta de "bizarra" y ratificó su
aspiración de negociar de manera directa con Argentina.
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